El pleno del Ayuntamiento de Blanes ha aprobado esta tarde dos acuerdos de índole económica que van a determinar las finanzas municipales durante los próximos años, seguramente durante la próxima década. Los acuerdos están directamente ligados con las medidas de ajuste económico que está adoptando el Partido Popular desde el Gobierno del Estado.

La primera media hora del pleno se vio perturbada por los bocinazos y ruido generado por un grupo de personas que, desde fuera de la sala de plenos, protestaban por los recortes de servicios y subidas de impuestos que la virtual quiebra financiera del Ayuntamiento obliga a adoptar.

Previamente, el alcalde Josep Marigó ordenó modificar el orden de los asuntos del pleno. Así primero se trató y, se aprobó por unanimidad, la ratificación del decreto de alcaldía del pasado 15 de marzo, mediante el cual el equipo de gobierno acuerda liquidar el contrato con FCC Medio Ambiente SA derivado de la prestación del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. El Ayuntamiento dejó de pagar hace años a la empresa casi 10 millones de euros, por discrepar acerca de como se había prestado el servicio. El asunto estaba en la vía judicial y podía suponer al Ayuntamiento una condena que habría comportado pagar intereses de demora y superar de largo los 10 millones adeudados.

Conviene recordar que el Gobierno de Madrid aprobó recientemente un decreto ley para que las empresas que han prestado servicios a las Administraciones públicas y que no han cobrado puedan recibir el dinero en un corto plazo si renuncian a percibir una parte de la deuda.

Este asunto motivó reproches del concejal de ICV-EUiA Joan Salmerón a los responsables políticos de la anterior legislatura, por no haber pagado en su día el servicio. Salmerón dijo que el dinero se había desviado para dispendios y actividades fastuosas que han agravado el déficit financiero del Ayuntamiento. La concejal Pilar Planella (CiU) le replicó que siete millones de la deuda correspondían a los años anteriores al gobierno de CiU, PDB y PP (2008-2011) y que sólo dos millones de la deuda se generaron cuando CiU gobernaba.

Duro ajuste para «salir del pozo»

El segundo asunto de gran calado tratado en el pleno consistió en la aprobación del Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Blanes, que se deberá aplicar hasta 2022, y que se deriva del real decreto antes comentado, del 24 de febrero, y de otro posterior del 9 de marzo, mediante el cual el Gobierno avalará préstamos a los ayuntamientos para que paguen las deudas contraidas con sus proveeedores si presentan el citado plan de ajuste. En concreto, el prestamo al Ayuntamiento asciende a 14 millones de euros, los 10 citados de FCC y cuatro millones más de facturas pendientes a proveedores. El punto se aprobó con los votos favorables de PSC, CiU y PP y el voto en contra de ICV-EUiA.

El alcalde Josep Marigó, en un estimable ejercicio pedagógico, explicó que el citado plan obliga a presentar en el informe remitido al Gobierno los ingresos reales que ha tenido el Ayuntamiento durante los años 2009, 2010 y 2011. A las cifra resultante se le aplica un coeficiente que es el que sirve para proyectar los ingresos futuros del Ayuntamiento. Es decir, que en el futuro los presupuestos del Ayuntamiento deberán realizar unas estimaciones de ingresos realistas y que los gastos habrán de ser inferiores pues se deberá pagar la deuda que se arrastra.

«El Estado vigilará que pagamos a los proveedores. Hemos de demostrar que contenemos el gasto y cuáles son nuestros ingresos reales», dijo Marigó, en un posterior turno de palabra subrayó que «es un plan necesario para salir del pozo en el que estamos» y añadió que serivrá para que los futuros gobiernos locales «tengan bases sólidas para gastar de forma realista».

Además, Marigó recordó que las leyes se están modificando para que los políticos que gestionen mal los ayuntamientos puedan ser inhabilitados e incluso procesados por la vía penal. Por tanto, el endeudamiento desmedido de la Adminstración Pública toca a su fin. Se trata de una serie de medidas que van a modificar la gestión que hacen los políticos de los recursos públicos. En este sentido, el plan de ajuste debe ser el inicio de un nuevo tiempo para los gestores públicos.

El contrapunto lo puso el líder de ICV-EUiA, Joan Salmerón, que tildó el plan de ajuste de «golpe de Estado al Ayuntamiento». Salmerón recordó que «tenemos la presión directa de los ciudadanos», en referencia a la sonora protesta que se había percibido minutos antes. Aludió, con acierto, al incesante dispendio del Estado en conectar Madrid con todas las capitales de provincia a través del AVE y los aeropuertos construidos cuando otros muchos de la red de Aena siempre son deficitarios.

Salmerón reprochó a los grupos municipales que el Ayuntamiento forme parte de las dos entidades municipalistas de Catalunya y que no se haya instado desde estos organismos a “plantar cara”, a articular una oposición a los planes de ajuste.