El Ayuntamiento de Blanes ha solicitado al juzgado contencioso – administrativo, ubicado en Girona, autorización para entrar en el domicilio de un vecino de la calle Empordà a fin incautarle los perros peligrosos que tiene en el inmueble. La petición se formula «en ejecución de las medidas cautelares adoptadas en los procedimientos sancionadores incoados por el Ayuntamiento», según se recoge en el acuerdo de la junta de gobierno celebrada el pasado 27 de febrero.

Según se explica en el acta de la reunión, desde finales de agosto de 2010 el Ayuntamiento ha recibido diversas quejas a causa de los malos olores que desprende la canalización de aguas pluviales de la finca del encartado, que al parecer tiene siete perros «potencialmente peligrosos» en el terrado de su casa. Los orines salen a la calle con frecuencia generando un problema de salubridad pública.

Las inspecciones oculares realizadas por funcionarios del Ayuntamiento desde fuera del edificio han permitido determinar que existe una «evidente falta de higiene y desinfección del terrado».

Seis expedientes

Las molestias provocadas al vecindario han generado seis expedientes administrativos. El primero está motivado porque el dueño de los perros carece del permiso de «inscripción y alta municipal como núcleo zoológico». Otro expediente se ha tramitado por «riesgo sanitario, peligro o molestias a los vecinos». Un tercero por incumplir las condiciones de alojamiento de los animales. El cuarto expediente se debió a que no los tiene dados de alta en el censo municipal de animales, habiéndose constatado la existencia de siete perros en la finca situado en los números 20 – 22 de la calle Empordà.
Tampoco tiene contratado un seguro de responsabilidad civil ya que se trata de perros potencialmente peligrosos. Y, por último, el sexto expediente se derivó por carecer de licencia administrativa de ninguno de los perros.

Curiosamente, no se ha presentado en su contra ninguna denuncia penal, cuando el Código Penal tipifica como delito el maltrato animal.

En el acta del acuerdo municipal se explica que el pasado 7 de febrero se intentó la incautación de los animales, pero que el dueño de estos se negó a impedir la entrada en el domicilio. Por este motivo, se ha acudido a la vía judicial contencioso administrativa.