El Ayuntamiento de Blanes ha iniciado un expediente para revisar la legalidad de un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 11 de febrero de 2021, durante el anterior mandato, entre el Consistorio y la empresa promotora Grup Ros / Sagefra SLU, accionista mayoritaria de la Junta de Compensación del Plan Parcial Costa Brava.

El acuerdo marco, que no llegó a firmarse, pretendía dar cobertura a diversas actuaciones urbanísticas y económicas relacionadas con la urbanización de los terrenos del Plan Parcial Costa Brava y otros sectores propiedad de Grup Ros.

Una de ellas las intervenciones, cuya legalidad se cuestiona, es la creación de la rotonda que hay en el cruce entre la calle Santa Cecília, la avenida de l’Estació y la calle Anselm Clavé.

La obra fue ejecutada directamente por la Junta de Compensación del Plan Parcial Costa Brava, con un coste total de 277.000 euros, de los que 125.000 los pagó la Junta de Compensación, y 152.000 corrieron a cargo de Grup Ros. Como la rotonda está fuera del plan parcial, se planteó dar compensaciones en otros sectores. Entonces, la alcaldía la ostentaba Àngel Canosa (ERC), que gobernaba con Blanes En Comú Podem.

Además, según informa El Punt Avui, Grup Ros adquirió unos terrenos colindantes con el cementerio, propiedad de Endesa, para cederlos a continuación al Ayuntamiento.

Los servicios jurídicos municipales ven defectos en la tramitación, y una falta de explicación. Esto se debe a que la finca anexa al cementerio, según los servicios técnicos municipales, no era necesaria para desarrollar ningún sector, y la rotonda se encontraba fuera del ámbito del Plan Parcial Costa Brava, por lo que la obra se hizo sin licitación.

Ante las dudas jurídicas existentes, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que considera necesario revisar el acuerdo de febrero de 2021 con el fin de garantizar la legalidad y el correcto desarrollo urbanístico de estos ámbitos.

El expediente de revisión del acuerdo requiere, con carácter preceptivo, la emisión de un informe por parte de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña, dado que se trata de un órgano consultivo superior en materia jurídica. Previsiblemente, este organismo dictaminará el alcance de las irregularidades detectadas y si pudiera haberse incurrido en algún ilícito penal.

El objetivo del expediente es regularizar la situación, porque no resulta posible finalizar los diferentes sectores urbanísticos entre el Ayuntamiento de Blanes y el Grup Ros si existen dudas de legalidad del referido acuerdo.

Por otra parte, los técnicos municipales sólo pueden trabajar con un acuerdo que cuente con seguridad jurídica en todos los puntos. Todo ello apunta a la posibilidad de que se decrete la nulidad del acuerdo de la junta de gobierno de 2021

Vicios de nulidad

Desde el equipo de gobierno se trabaja por cerrar un acuerdo correcto, según los oportunos procedimientos, para los sectores tanto del Plan Parcial Costa Brava, PMU5 y PAU 12, así como las demás actuaciones que se prevén en el acuerdo marco.

El alcalde Jordi Hernández ha manifestado que a la vista del informe redactado por los servicios jurídicos, «es evidente que es necesario poner orden y hacer un acuerdo bien hecho y con seguridad jurídica».

El informe de Servicios Jurídicos concluye que el acuerdo marco aprobado en la Junta de Gobierno Local en 2021 contiene vicios de nulidad por diversas razones, como incompetencia orgánica, carencia de trámite de audiencia y falta de publicidad preceptiva.

Asimismo, se hace constar que el documento aprobado no se firmó por las partes y se presentaron alegaciones contra el contenido del acuerdo y, sin embargo, desplegó efectos parciales.

Otras cuestiones a revisar

En el acuerdo marco también había otras cuestiones a revisar, como la recepción de las obras de urbanización del Plan Parcial; la mejora del acceso a la zona residencial de Blanes; un espacio para una estación de bombeo de agua; o bien regularizar el uso privado de un espacio de dominio público. Esta última cuestión se refiere a la creación de un aparcamiento de vehículos junto a una nave de Peixos Ros. El terreno estaba calificado como zona verde, según informa El Punt Avui.

De todas estas actuaciones y de las posibles compensaciones, no consta ningún estudio económico al efecto y la idea de los expertos jurídicos del Ayuntamiento es individualizar las actuaciones una a una. Por ahora, se desconoce si estas irregularidades causaron un perjuicio al patrimonio municipal.

Una vez completado este recorrido jurídico y administrativo, la declaración de nulidad deberá ser aprobada por el Pleno Municipal. Según las previsiones actuales, el dictamen podría emitirse entre finales de 2025 y principios de 2026.

Indicar por último que el concejal de Vox, Roberto Martínez, había mencionado en los últimos plenos la existencia de posibles irregularidades en la urbanización del Plan Parcial Costa Brava.