El pleno del Ayuntamiento de Blanes celebrado ayer volvió a carecer de acuerdos de importancia, dejando una vez más patente que la ausencia de dinero en las arcas municipales tiene paralizada la administración local en lo que se refiere a dinamizar y avanzar en la actividad económica de la ciudad. El aspecto más positivo del pleno fue poner punto y final a un gasto anual inútil de 4.800 euros.

Porque esa es la cuota que pagaba la institución local por pertenecer a  la agrupación de municipios titulares de servicio de transporte urbano (AMTU). Ayer, PSC, CiU e ICV-EUiA votaron darse de baja, aunque dijeron que sería conveniente reincorporarse a la AMTU cuando las circunstancias lo permitan. Blanes pertenecía a este ente desde 2005, que fundamentalmente se dedica a ofrecer asesoramiento a los municipios en temas de planificación del transporte. Desde 2010 Blanes dejó de recibir subvenciones de AMTU, de forma que era un dispendio pagar por no recibir nada a cambio.

Conviene señalar que Blanes, al tener menos de 50.000 habitantes, no está obligada a tener servicio de transporte urbano. Además, la ciudad no está incluida en el sistema tarifario integral, de forma que los billetes y bonos del transporte local no sirven fuera de la ciudad.

Los concejales del PP se abstuvieron y pidieron que se cree una agrupación de municipios de la Selva en materia de transporte urbano.

Otro asunto del pleno consistió en aprobar por mayoría la delegación de competencias en favor del Consell Comarcal de la Selva, para que sea este organismo el que instruya los expedientes e imponga las sanciones correspondientes en materia de vulneración de la normativa de residuos. El CCS ya se encarga de la recogida de residuos y limpieza viaria a través de la empresa Nora. Además, desde principios de años, se encarga también de la gestión tributaria y recaudación de impuestos locales.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Blanes puede imponer multas de hasta 6.000 euros por infracciones muy graves, 1.500 por graves y 300 por leves. Por lo general, la mayoría de multan oscilan entre los 150 y 300 euros.

Mociones

Agotados los pocos temas que afectan de forma directa a la vida local, el pleno entró en el apartado de las mociones. Dos las presentó ICV-EUiA, cuyos ediles se ganaron el apoyo de los restantes grupos, de forma que fueron aprobadas por unanimidad.

Una de ellas consiste en pedir que las entidades bancarias que han comercializado participaciones preferentes devuelvan todo el dinero a los clientes antes de cinco años.

La segunda moción consiste en pedir al Departamento de Territorio y Sostenibilidad que señalice con línea doble continua el tramo de la carretera de Blanes a Tordera próximo al acceso al vecindario de Puig de Dona, a excepción de los metros correspondientes para tomar el acceso. El motivo de esta petición se debe a que se han producido siniestros en la zona derivados de adelantamientos.

Otra moción llevada al pleno la propuso la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), que presentaron en nombre de CUP los grupos de PSC y CiU. En la misma se pide que antes de acabar el año se constituya una Comisión Ciudadana y de Entidades que se encargue de elaborar un “plan director de participación ciudadana”. PSC, CiU e ICV-EUiA votaron a favor, mientras que el PP votó en contra.

También se aprobó una moción, presentada por el PSC, contra las últimas medidas aprobadas por el Gobierno y otras que se preparan que podrían comportar la desaparición de municipios, la limitación de autonomía municipal y la reducción del número de concejales a través de una modificaciónde la ley electoral. El alcalde Josep Marigó dijo que las medidas que adopta el PP revelan que desconoce “como funcionan los ayuntamientos” y la gente que trabaja en los mismos para solucionar los problemas de los ciudadanos. Marigó denunció que el Estado pretende “recuperar poder autonómico y local” mediante la potenciación de las diputaciones provinciales, un organismo denostado por los socialistas desde las pasadas elecciones municipales, precisamente cuando dejaron de controlar estos entes y las fabulosas cantidades de dinero que gestionan.

Marigó sentenció su postura al señalar que está a favor de reducir los gastos de las administraciones públicas “pero no a perder la representación que nos da el pueblo”. Obviamente, los concejales del PP también votaron en contra.

Texto y fotos: José Fernández