Agentes de Mossos d’Esquadra de la unidad de investigación de la comisaría de Arenys de Mar han detenido al propietario de una empresa de Malgrat de Mar.

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El arrestado, un hombre de 47 años y vecino de Blanes, se relaciona con delitos contra los derechos de los trabajadores y por falsedad documental. Los mossos también han denunciado a tres de sus trabajadoras por los mismos hechos.

El arrestado era el propietario de esta empresa vinculada a la gestión de residuos y servicios de limpieza tanto públicos como privados y que prestaba servicios en varios municipios tanto de la provincia de Barcelona como de la de Girona entre los que, Malgrat de Mar, Tordera, Santa Susanna, Vidreres, Maçanet de la Selva y Fogars de la Selva.

Los investigadores detectaron irregularidades el 27 de junio de este año a raíz de pedir a la empresa por el horario de uno de sus trabajadores quien formaba parte de una investigación policial. El propietario informó a los agentes de que esa persona había estado trabajando con regularidad aquella semana y les mostró su contrato laboral.

Este hecho evidenció que había irregularidades en la contratación de aquella persona, ya que había sido detenida y, por tanto, no era posible que hubiera ido a trabajar.

Ante esta irregularidad los investigadores contactaron con Inspección de Trabajo de la Generalitat y el 24 de julio se hizo una entrada y registro conjunta en la empresa. Una vez dentro, los investigadores detectaron a nueve personas que, o no disponían de documentos de identificación o bien se acreditaban con una copia de documentos que pertenecían a otras personas. Una vez identificadas correctamente, los agentes contactaron con Policía Nacional que confirmó que se encontraban en situación irregular para entrar ilegalmente en España.

Tras tomar declaración a estas personas, los investigadores detectaron una posible situación de explotación laboral que se repetía en los nueve trabajadores identificados. Muchos de ellos entraron a trabajar sin contrato y, pasado un tiempo, la empresa les pidió que aportaran algún documento de alguien que estuviera residiendo legalmente en España para formalizar un contrato laboral.

A otros trabajadores, la empresa directamente les hacía un contrato laboral utilizando los datos de otra persona. Además, en todos los casos, los trabajadores cobraban menos de lo que constaba en su contrato laboral, trabajaban más horas de las regladas y no disponían de los días de fiesta obligados.

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De hecho, la empresa se aprovechaba de la vulnerabilidad de estos trabajadores haciéndoles trabajar una media de 90 horas semanales por aproximadamente 850 euros al mes.

Se da la circunstancia de que, al día siguiente de la inspección la empresa notificó a casi una veintena de trabajadores con contratos irregulares que no volvieran a trabajar.

A raíz de esta investigación el propietario de la empresa fue detenido el 6 de agosto por delitos contra los derechos de los trabajadores y por falsedad documental. Aparte, tres trabajadoras de la empresa fueron denunciadas por estos mismos hechos.