Carolina vivía en Blanes con su hija en un piso de alquiler hasta que comenzó a tener problemas económicos y no pudo hacer frente al pago de éstos obligándola a abandonar su casa, según informa la Alianza contra la Pobreza Energética.

Pidió el realojamiento a las organizaciones de Blanes que combaten esta problemática pero no le dieron ninguna alternativa y se vio obligada a ocupar un vivienda en la urbanización Aguaviva de Vidreres. El inmueble es propiedad del Banco Santander, con quién actualmente negocia un alquiler social.

Cuando Carolina entró en la casa ya había luz y agua. Ella dispone del informe de riesgo de exclusión residencial y vive con su hija de 18 años que está realizando primero de bachillerato. Como tantas otras familias, Carolina tuvo que ocupar un piso para no quedarse en la calle con su hija porque la Administración no le ofrecía ninguna alternativa habitacional.

En casos de viviendas ocupadas («recuperadas» según la terminología de la Alianza contra la Pobreza Enérgitca), las compañías suministradoras tampoco permiten regularizar el servicio. Por tanto las familias no tienen ninguna opción más que vivir con los suministros pinchados. Endesa no le ha dado ninguna alternativa a la familia.

Y no demasiado contentos con eso, Endesa y la compañía de aguas llevan a Carolina a juicio por  un delito de defraudación de fluido eléctrico y le reclama una deuda de 1.958 euros de electricidad. También, inicialmente estaba denunciada por la compañía de aguas, que también la denunció por impago 1.191 euros. Sin embargo el abogado de la compañía de agua Riera Cabanyes no se presentó al juicio. Tampoco lo hizo el letrado de Endesa, pues se personó en el juzgado de Santa Coloma de Farners con retraso, cuando la vista oral ya había finalizado. En la vista oral, el ministerio fiscal pidió la absolució.

Como las compañías no tienen datos para medir los consumos hacen cálculos estimados. Endesa hace sus estimaciones calculando que la familia consuma energía durante 7 h al día a la máxima potencia, según la Alianza contra la Pobreza Energética, que considera esta estimación totalmente desproporcionado. En el caso de la compañía de aguas, Riera Cabanyes, calculan 330 m3 en dos meses, cuando el consumo medio en la demarcación de Girona es de 182 litros por persona y día, lo que equivaldría a 21,6 m3 en dos meses.